En los tribunales, los jueces enfrentan procesos cuya complejidad excede lo que contempla la teoría jurídica. Influyen las características de quienes cometen los delitos, las de las víctimas, su entorno social y otros factores que estudian la criminología y la victimología, claves para ponderar el daño y graduar las penas. Sin embargo, estos elementos no siempre son considerados en los juicios. Esta problemática es la que ha guiado la carrera de la investigadora de la Facultad de Derecho UNAB, sede Viña del Mar: “Busco generar puentes entre lo teórico y lo práctico”.
En esa línea ha estudiado condenas a mujeres que, tras años de sufrir violencia intrafamiliar, asesinaron a sus parejas y fueron tratadas como homicidas comunes, y ha elaborado propuestas para incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las leyes.
Este enfoque la llevó a liderar el diseño de una nueva política del Ministerio Público que incorpora la dimensión social en la investigación penal, y a participar en la Comisión del Congreso que revisa la reforma del Código Penal. Actualmente desarrolla un proyecto Fondecyt de Iniciación enfocado en delitos contra la vida, cuyo propósito es entregar nuevas herramientas a los jueces para dictar sentencias diferenciadas de acuerdo con el contexto.